BOE núm. 48

Viernes 25 febrero 2OOO

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3765 LEY 23/1999, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2OOO.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2000, constituyen un hito en la breve pero intensa historia de la Hacienda Pública Autonómica. En primer lugar, se han elaborado desde una mayor plenitud competencial, tras haberse hecho efectivo el traspaso de bienes y servicios en materia de educación no universitaria: Este hecho los convierte en el instrumento fundamental para que la Comunidad de Madrid despliegue una acción de Gobierno que haga realidad una educación de calidad como uno de los objetivos para afrontar con garantías de éxito la entrada en el nuevo siglo. En segundo lugar, este Presupuesto abrirá las puertas al nuevo milenio y lo hará de una forma equilibrada y óptima, al haber consolidado una política presupuestaria asentada en una disciplina en el gasto y una favorable evolución de los ingresos, alcanzando así una importante reducción del déficit y un incremento del stock del capital público de nuestra región.

Una vez alcanzado el objetivo de convergencia europea, se han consolidado los principios de rigor y disciplina presupuestaria que han permitido la reducción del déficit público como clave fundamental del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acorde con el equilibrio macroeconómico necesario en el seno de la Unión Económica y Monetaria. En este marco de estabilidad presupuestaria —en el que la economía española ha alcanzado un modelo de crecimiento definido por su carácter no inflacionario y su capacidad de generar empleo—, se han trazado los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2000, con un conjunto de políticas presupuestarias subordinadas a un doble objetivo: La generación de empleo y la apuesta por un sistema educativo de calidad.

Todos los indicadores ponen de manifiesto que la recuperación económica se ha consolidado. En estos momentos disfrutamos de una economía muy bien situada, con un crecimiento del PIB que las estimaciones señalan en un 3,9 por 100 para 1999, dos décimas por encima de la previsión para España según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Los bajos tipos de interés, el carácter no inflacionario de la economía, y el índice de producción industrial que ha experimentado un crecimiento interanual del 3,8 por 100 en el mes de junio de 1999, entre otros indicadores, revelan que nuestra Región está aprovechando el impulso del crecimiento económico, para consolidarse como la segunda Comunidad industrial del país.

El elemento característico esencial del modelo de crecimiento regional de los últimos años es el elevado potencial de creación de empleo que se constata. En los últimos años se han creado las condiciones necesarias para facilitar que los elevados ritmos de crecimiento eco-

nómico deriven, de forma inmediata, en creación neta de empleo. En definitiva, el binomio crecimiento-empleo se comporta de forma muy positiva, lo que ha permitido reducir la tasa de paro regional hasta el 1 2,9 por 1 00 en el segundo trimestre de 1999, casi tres puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional, y un proceso de convergencia clara y real con la media comunitaria.

Por todo ello, la Comunidad de Madrid, como Región Capital, debe continuar asumiendo esa parte de responsabilidad general necesaria para garantizar un entorno económico y social estable, desarrollando políticas presupuestarias tendentes al equilibrio, respetando siempre el límite máximo anual de déficit fijado para la Comunidad en función de sus ingresos no financieros.

Consecuentemente con el marco económico y financiero en que nos encontramos, en el que nuestra Comunidad se presenta como una Región de proyección internacional, económicamente atractiva, con una sociedad participativa y una Administración con permanente vocación de servicio al ciudadano, el Gobierno Regional ha apostado claramente por la articulación de unas políticas de gasto dirigidas a la competitividad y el crecimiento.

En este contexto, con la consolidación de la mayoría de edad estatutaria tras la asunción de más y nuevas competencias, se deben renovar los principios que han venido informando una labor gestora equilibrada, eficaz, austera y solidaria con la sociedad, donde la transparencia en el control y gestión del gasto publico se articule como una respuesta integral frente al gasto consuntivo y la opacidad en la información.

En este sentido, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2000, serán el cauce para la consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, mediante la determinación clara de objetivos y prioridades, entre los que destacan deforma decidida, la potenciación de las políticas activas de empleo y el aumento de la inversión en I + D, fomentando un mayor aprovechamiento empresarial de la investigación científica, dentro del recientemente aprobado Plan de Investigación de la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, se refuerzan las políticas de formación, entendiendo esta última al servicio de las necesidades de las empresas. De este modo, el objetivo prioritario del Gobierno Regional seguirá siendo la promoción de alternativas para generar empleo estable, en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea, apoyando la creación de nuevas ocupaciones y puestos de trabajo en los nuevos yacimientos de empleo. Cabe destacar igualmente, la priorización del desarrollo de la economía productiva, especialmente la inversión en infraestructuras, prosiguiendo con la consolidación de una red sólida de transporte público, con el ambicioso proyecto del Metrosur.

Se incrementarán notablemente —por encima del PIB nominal— los niveles de cobertura y protección de gasto social, a través de actuaciones tales como el Plan de Mayores, programas de atención a la infancia y lucha contra las drogodependencias, promoción e igualdad de la mujer, medio ambiente, desarrollo tecnológico, ayuda al acceso de la vivienda y desarrollo de la promoción pública de viviendas y de los recursos en materia de salud pública, atención primaria y asistencia sanitaria en el marco de nuestras competencias, todo ello dentro de una política de restricción de los gastos de funcionamiento de la Administración.