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Lunes 21 marzo 2005

BOE núm. 68

4618 LEY 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los ciudadanos de origen español que fueron desplazados en su infancia al extranjero como consecuencia de la Guerra Civil han sido beneficiarios a lo largo de los últimos años de una serie de iniciativas de carácter solidario dirigidas a paliar las consecuencias negativas que dicha circunstancia ha tenido sobre ellos.

Se trata de un esfuerzo que ha permitido incrementar sus niveles básicos de bienestar y en el que, por razones de justicia, es esencial profundizar, prestando una especial atención a quienes tengan un mayor grado de necesidad.

Una situación en la que, a todas luces, se dan componentes excepcionales que justifican que la respuesta que deba darse sea, igualmente, excepcional, como muestra de la concienciación de la sociedad española y de su deseo de compensar, siquiera sea en parte, las carencias de un grupo de ciudadanos que vieron truncadas sus perspectivas personales y profesionales, como consecuencia del levantamiento militar contra el Gobierno legítimamente constituido, que dio lugar a la Guerra Civil de 1936-1939.

Al logro de esta meta va dirigida esta Ley, a través de la creación de unas prestaciones económicas con las que se responde de manera global y solidaria a los problemas mencionados. De igual modo, la Ley prevé el establecimiento de mecanismos que permitan la cobertura de la asistencia sanitaria, cuando en el país de residencia se carece de ella o su contenido y alcance resultan insuficientes.

De manera global, porque se cubre a todas las personas pertenecientes al colectivo afectado, con independencia de su lugar de residencia. Consecuentemente, además de articularse las previsiones contenidas en la disposición adicional quincuagésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, respecto de los residentes en el territorio de la antigua Unión Soviética, la norma extiende sus beneficios a todas las personas que fueron desplazadas a otros países, así como a quienes en su momento retornaren a España.

Y de manera solidaria, porque la iniciativa tiene como beneficiarios a los miembros del citado colectivo que

acrediten un menor nivel de ingresos, que son aquéllos que para subsistir han tenido que acogerse a las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles y a las pensiones de jubilación no contributivas de la Seguridad Social. Igualmente, y en atención al nivel de recursos que se quiere garantizar, la medida también se extiende a quienes sin tener derecho a las citadas prestaciones acrediten menores recursos, así como a los perceptores de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Se atiende con todo ello al doble objetivo de reconocer la deuda histórica que tiene España con estos ciudadanos y de coadyuvar a la mejor satisfacción de sus necesidades más básicas, dentro de un contexto que constituye una clara manifestación de los rasgos de integración y solidaridad que definen la realidad de nuestro país en los albores del siglo XXI, al tiempo que se adelanta alguna de las medidas previstas en la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, constituida en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de julio de 2004, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, de 1 de junio de 2004.

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto el reconocimiento de una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados, durante su minoría de edad, al extranjero en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, como consecuencia de la Guerra Civil española y, que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, siempre que reúnan los requisitos que se señalan en el artículo 2.

Dicha prestación económica tendrá carácter extraordinario y se concederá en los términos establecidos en el artículo 3

Artículo 2. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de la prestación económica a que se refiere el artículo anterior los ciudadanos citados en él que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Que residan en el extranjero y sean perceptores de la pensión regulada en el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles, o reúnan los requisitos exigidos para su reconocimiento.

b) Que residan en territorio español y sean perceptores de la pensión de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, de la pensión asistencial regulada en la Ley 45/1960, de 21 de julio, y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, o de la pensión señalada en el párrafo anterior, en los términos establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 667/1999, de 23 de abril, o reúnan los requisitos exigidos para el reconocimiento de aquéllas.