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LEYES DE CATALUÑA
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LEY 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo.
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Viernes 8 febrero 2OO2

BOE núm. 34

2512 LEY 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo.

PREÁMBULO

La ayuda al desarrollo es un componente fundamental del orden y la cooperación internacionales diseñados después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar la estabilidad política y el bienestar a todos los pueblos del mundo. Después de cincuenta años de esfuerzos los resultados son muy diversos. Por una parte, el avance producido tanto en términos de desarrollo económico como de desarrollo humano es innegable. Por otra parte, las bolsas inmensas de pobreza y privación, la ingober-nabilidad de tantos territorios y la emergencia de nuevos conflictos de una crueldad pasmosa, la continuada opresión por razones de sexo, raza o etnia, cultura, religión o edad, la amenaza de insostenibilidad medioambiental de los modelos de desarrollo y consumo vigentes y la desigualdad económica creciente, tanto entre los países como en el interior de éstos, hacen hoy más necesario que nunca relanzar el esfuerzo internacional de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional, buscando un nuevo modelo de crecimiento que permita la erradicación de la pobreza y las causas que la generan.

Como dice el informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el 1999, no se pueden negar los avances producidos en las últimas décadas: El mundo en general ofrece hoy muchas más oportunidades para la gente que hace veinte o cincuenta años. Desde 1965 la mortalidad infantil se ha reducido a más de la mitad y la esperanza de vida ha aumentado en una década. En los países en desarrollo, la matriculación combinada en la enseñanza primaria y secundaria se ha duplicado y más, y la proporción de niños en la enseñanza primaria ha pasado de menos de la mitad a más de las tres cuartas partes La tasa de alfabetización ha pasado del 47 por 1 00 en 1 970 al 72 por 1 00 en 1997.

A pesar de los progresos reseñados, en el mundo hay privaciones y desigualdades inmensas, especialmente en los países en desarrollo, donde más de una cuarta parte de los cuatro mil quinientos millones de personas que viven en ellos no cuenta con algunas de las opciones más básicas de la vida: Sobrevivir después de los cuarenta años y acceder a los servicios públicos y privados mínimos. Se estima que mil trescientos millones de personas viven en la pobreza absoluta, con un ingreso inferior a un dólar diario. Estas privaciones y desigualdades se podrían agravar por la forma rápida y desequilibrada en que se produce la globalización. Las diferencias de

ingresos entre la gente y los países más pobres y más ricos continúan aumentando siguiendo una tendencia de hace dos siglos que es necesario romper: En 1960 el 20 por 100 más rico de la población mundial tenía treinta veces el ingreso del 20 por 100 más pobre; en 1997 la diferencia había aumentado a setenta y cuatro veces. La globalización puede producir, así, no sólo integración económica, sino también fragmentación y mar-ginación social. La desigualdad unida al cambio súbito en la economía y en las pautas culturales y de comportamiento plantea nuevas amenazas a la seguridad humana: Paro y marginación, criminalidad internacional, sida y nuevas epidemias, inseguridad de los mercados financieros, recalentamiento de la atmósfera. Ante estos viejos y nuevos retos es necesario un mayor y renovado esfuerzo de cooperación internacional, que deberá ser protagonizado ya no sólo por los Gobiernos, sino también por los Organismos internacionales, las Comunidades, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, las empresas y otros agentes de cooperación, todos los cuales han de integrar una verdadera comunidad internacional para el desarrollo.

Cataluña ha de mejorar también su responsabilidad en la construcción de una comunidad internacional más segura, justa, rica y solidaria. Hoy no se puede construir un proyecto nacional creíble ni una sociedad democrática avanzada sin participar activa y decididamente en la construcción de un orden internacional más justo y solidario. La paz, la libertad, la dignidad de la persona, el trabajo, la justicia y el respeto al pluralismo son valores que fundamentan la convivencia y el progreso. Estos valores se han de proyectar internacionalmente por medio de las iniciativas de cooperación y solidaridad internacionales de la comunidad catalana para el desarrollo, integrada por un tejido vibrante de agentes de cooperación cuya acción ha de ser reconocida, impulsada y complementada por la actividad de la Generalidad y de los entes locales de Cataluña. En este sentido, la presente Ley refleja la voluntad de contribuir desde Cataluña al cumplimiento de los compromisos asumidos por los países desarrollados, en el marco de las Naciones Unidas, de destinar el 0,7 por 100 del producto interior bruto al desarrollo de los países y los pueblos en desarrollo.

En el contexto institucional actual, el compromiso por la solidaridad y el desarrollo se expresa, por una parte, en la contribución fiscal de los catalanes a los Presupuestos del Estado español aplicados a estos ámbitos. Esto no ha impedido, por otra parte, que, desde la recuperación de la democracia, tanto la Generalidad como ios entes locales hayan desarrollado paulatinamente políticas de cooperación que expresan la voluntad cívica de hacer una Cataluña más solidaria y abierta a los problemas globales actuales. La experiencia ganada y los avances conseguidos son notorios. En este sentido, la cooperación oficial descentralizada impulsada en Cataluña y desde Cataluña ha sido positivamente valorada en el informe del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del año 1998. Con todo, es necesario reconocer que muchos de estos primeros esfuerzos han sido fragmentarios e insuficientes. No podía ser de otra forma, considerando el carácter nuevo de esta política en nuestra historia. Hemos aprendido que eran necesarias la planificación y la estrategia en la acción de las Administraciones y que se pueden mejorar las capacidades operativas tanto de la actuación administrativa como de los agentes de cooperación; que son necesarias más coordinación y colaboración interadministrativas y con la sociedad civil; que es necesario garantizar la eficacia de la ayuda dispensada y la coherencia con otras políticas públicas catalanas; que es necesario aumentar sustancial y progresivamente los recursos destinados a esta finalidad.
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