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Miércoles 17 abril 2OO2

BOE núm. 92

30/1992, de 26 de noviembre, declarando, en esencia, que la regulación de lo básico no puede llegar a tal grado de detalle que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas propias, por lo que declara inconstitucionales varios preceptos de la Ley en materia de órganos colegiados y suplencia. En consecuencia, se abre la posibilidad de que la legislación autonómica cuente con un régimen propio sobre aspectos antes declarados como básicos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que han dejado de serlo desde el pronunciamiento del Alto Tribunal, en aquellos aspectos declarados inconstitucionales, sobre las materias de referencia. De acuerdo con lo anterior, esta Ley incorpora la regulación de los órganos colegiados.

La ausencia de regulación autonómica sobre el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, el régimen jurídico aplicable a los órganos colegiados, así como la falta de una regulación que abarque el régimen jurídico global de los Organismos públicos, ha determinado la conveniencia y oportunidad de abordar en esta Ley tales regulaciones. Se pretende de esta forma dotar a la Comunidad Autónoma de una Ley ¡ntegradora en materia de régimen jurídico que constituya el marco normativo autonómico de referencia para la Administración de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, el carácter global e integrador de la presente Ley ha determinado la integración de la regulación autonómica en materia de derecho sancionador y, por otra parte, la responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus autoridades y demás personal a su servicio, materia estrechamente unida a la actuación administrativa. En ambos supuestos el legislador autonómico desarrolla la normativa básica estatal en la materia.

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Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la Ley trata una variedad de materias, ordenadas en títulos, subdivididos en capítulos y éstos a su vez, en Secciones, en razón de la mayor especificidad y homogeneidad de su contenido.

En el título Preliminar, tras determinar el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, se enumeran los poderes de la Comunidad Autónoma y los órganos de Gobierno y Administración de la misma y se determina el régimen jurídico aplicable.

El título I regula la figura del Presidente, de una forma unitaria pero diferenciada. En primer término, se reafirma con total claridad su naturaleza como Presidente de la Comunidad Autónoma, a continuación como máximo representante del Estado en Extremadura y, por último, como Presidente de la Junta de Extremadura. Se establecen sus atribuciones, estatuto personal y sistema de sustitución y cese.

En el título II se establece el régimen jurídico aplicable a la Junta de Extremadura. De forma particular se determina su naturaleza, composición y cese, así como sus atribuciones y normas de funcionamiento. Se incorpora la regulación de la Comisión de Secretarios Generales, como órgano de estudio y deliberación sobre los asuntos que se sometan a la consideración del Consejo de Gobierno.

En el título III se regula el régimen jurídico de los miembros del Gobierno, disponiendo, en un espacio normativo independiente, la figura del Vicepresidente o Vicepresidentes de la Junta de Extremadura, y el régimen aplicable a los Consejeros, con igual sistemática que la utilizada en el título dedicado al Presidente.

En el título IV se contempla la regulación de las relaciones entre el Presidente y la Junta de Extremadura

con la Asamblea, incluyendo este título como principales novedades la potestad del Presidente para la disolución de la Asamblea y una más detallada regulación de la previsión estatutaria respecto a las normas con rango de Ley.

El título V, relativo a la Administración de la Comunidad Autónoma, recoge un cuerpo normativo sobre nuestra Administración que, por un lado, está adaptado a la legislación básica del Estado y a la jurisprudencia constitucional recaída sobre la materia, como ya se indica en el apartado 1 de esta Exposición de Motivos y, por otro, pretende adaptarse a las características y peculiaridades de una Administración Autonómica que crece con la progresiva asunción de competencias.

Este título consta de varios capítulos, subdivididos a su vez en diferentes Secciones. Se inicia el título con el capítulo dedicado a los Principios y normas generales de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma. Seguidamente se recoge la regulación de las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones Públicas, mediante las diferentes modalidades de Convenios y seguidamente se incluye el capítulo dedicado a la regulación de los órganos administrativos.

Si bien este título es novedoso en la mayor parte de su contenido, en cuanto establece, en profundidad, el marco de actuación de esta Administración, destacan como principales novedades la regulación del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, donde se introduce la necesidad de incluir un informe de impacto de género del contenido de estas disposiciones, fruto del IV Programa de acción comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la Unión Europea así como en el II Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres de Extremadura y la regulación del ejercicio de la competencia por los órganos de la Administración Autonómica, recogiéndose un tratamiento individualizado de la delegación de competencias y de los conflictos de atribuciones entre órganos.

Hay que destacar, asimismo, en el contenido de este título la regulación, por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma, de la racionalización de los procedimientos y de los medios informáticos y telemáticos, que permitirán mejorar la eficacia en la actuación administrativa y el servicio a los ciudadanos extremeños. En esta misma línea se sitúa la nueva regulación de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación administrativa.

Por último, en este título, se recoge el régimen jurídico aplicable a los actos administrativos. En concreto, dentro de esta materia, la regulación concerniente a la revisión de los actos administrativos y a los recursos administrativos se adapta a la legislación básica estatal. Esta Ley introduce importantes cambios en materia de revisión de oficio de actos anulables y, entre otras novedades, sustituye el recurso ordinario por el recurso de alzada; asimismo rescata, con carácter potestativo, el recurso de reposición

Una importante novedad de la Ley es la inclusión, en el título VI, de la regulación relativa a los Organismos públicos de la Comunidad Autónoma, ofreciendo por primera vez en el Derecho Autonómico un marco referencia! propio y de carácter global para la creación y funcionamiento de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma.