3036 LEY 17/2006, de 27 de diciembre, del libro y de la lectura de Galicia.

PREÁMBULO

No cabe duda del valor del libro como poderoso vehículo de comunicación de nuestro tiempo. En la época de la sociedad de la información, el libro y la lectura siguen siendo instrumentos fundamentales para la difusión del saber, por convivir y complementarse con las tecnologías audiovisuales y los sistemas multimedia que han dado lugar a nuevos soportes. La defensa y el apoyo del libro y de la lectura, entendida ésta en su dimensión individual, fuente de formación y ocio, y colectiva, garante de una sociedad libre y democrática, constituyen un deber de las administraciones públicas, en virtud del mandato constitucional de promover un acceso igualitario de todos y todas a la cultura.

Asimismo, este apoyo institucional expreso al libro y la lectura obedece a su condición de instrumentos indispensables para la transmisión de la cultura y el desarrollo de nuestra propia identidad, así como a su importancia en el proceso de normalización de los usos sociales y públicos de la lengua propia de Galicia.

A lo largo de la historia, el libro ha desempeñado diversas funciones sociales, favoreciendo la transmisión de información y el desarrollo de nuevas ideas, la capacidad de razonamiento y el pensamiento abstracto, la creatividad, la sensibilidad y el espíritu crítico. Entre los indicadores del nivel de vida de una sociedad, aquellos que señalan las posibilidades de acceso de las personas a los bienes culturales tienen una importancia capital. El apoyo al libro, a la lectura y a la industria que lo sustenta es hoy más necesario que nunca, al detectarse tendencias proclives a la pasividad en el consumo de productos culturales. Defender y facilitar el acercamiento de la población a la cultura, y al libro como su referente fundamental, garantiza el desarrollo democrático y solidario de la sociedad, así como la participación activa, crítica y creadora de la ciudadanía. El libro es, en definitiva, una fuente de libertad personal que posibilita una actividad intelectual plena y fomenta el respeto a la pluralidad y a la diversidad cultural de la humanidad y de sus culturas y lenguas.

Además de su dimensión de bien cultural que es preciso preservar y promover, el libro es también un bien económico que ha de ser reglamentado y apoyado, debiendo garantizarse que su producción, difusión y dis-

frute se realice con arreglo a su condición de derecho cultural de todos los gallegos y gallegas y a las exigencias de pluralismo y diversidad propios de una sociedad libre.

La Constitución española, en su artículo 44.1, recoge la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura que, como derecho, tienen todos los españoles. El Estatuto de Galicia, en su artículo 27, apartados 19 y 20, recoge a su vez las competencias del Gobierno autónomo en materia de cultura, fomento del uso de la lengua propia de Galicia y apoyo al sector industrial. En virtud de estas competencias, la Xunta de Galicia establece mediante la presente Ley del libro y la lectura las bases para una intervención integral en la sociedad gallega, que permita un desarrollo del sector relacionado con el libro y otros soportes culturales y la formación progresiva de un entramado cultural que favorezca la lectura como actividad prestigiada y valorada, fuente de formación individual y medio para la consecución de los objetivos de la colectividad. La defensa y la promoción de la lectura son básicas para el enriquecimiento personal de la ciudadanía y para el fortalecimiento de una sociedad libre que ejerza con plenitud sus derechos civiles y democráticos.

Teniendo en cuenta las características propias de nuestra comunidad, la presente ley reconoce el libro y la lectura como instrumentos indispensables para la transmisión de la cultura y para el desarrollo de nuestra propia identidad. Además, procura la promoción del libro gallego y de su lectura por lo que suponen de contribución genuina de Galicia al marco mundial de la cultura, ya que son dos piezas básicas para configurar las aportaciones que nuestro país está llamado a hacer. Entre sus objetivos está el de incrementar los índices de lectura de la población, haciendo especial hincapié en los tramos de edad más jóvenes y en los sectores menos sensibilizados, en procura de una equiparación con las comunidades de nuestro entorno. Estos índices de lectura deben ser considerados como indicadores de bienestar, de calidad en el desarrollo comunitario y de conciencia cívica. Particularmente, la ley busca incrementar los índices de lectura en lengua gallega, por entender que el libro gallego es tanto un vehículo como un instrumento en el fortalecimiento del sistema literario y cultural gallegos, en la difusión de la cultura gallega en el exterior y en el proceso de normalización lingüística, razón por la cual ha de procurarse también una especial incidencia en los ámbitos sociales donde la práctica y el fomento de la lectura tengan una dimensión sustancial, junto con aquellos otros que precisen del libro y la lectura como elementos indispensables para alcanzar un desarrollo intelectual de las personas que mejore su integración y convivencia.

Es necesario no olvidar que la promoción del libro y el fomento de la lectura son procesos que exigen una planificación, en la que debe implicarse a todos los agentes que convergen y contribuyen, desde sus respectivos ámbitos, a despertar en las personas la necesidad de leer para comunicarse, para conocer, para participar en la sociedad, en definitiva, para vivir, así como a extender la percepción de la lectura como actividad enriquecedora. Desde esta perspectiva, la presente ley es fruto del debate y la reflexión de todos los colectivos vinculados a su materia que en sucesivas sesiones han ido contribuyendo, con aportaciones que expresan sus preocupaciones e intereses, a la redacción del texto que se recoge a continuación y que incluye diferentes medidas para estimular y potenciar el crecimiento y el desarrollo de este sector estratégico y que promuevan la lectura. Estas medidas son susceptibles de complementarse con otras normas reglamentarias o actuaciones concretas, que les confieran mayor profundidad y eficacia en la aplicación práctica.