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Viernes 11 abril 2OO3

BOE núm. 87

7536 LEY 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española establece en su articulado la función de creación de las condiciones para la plena efectividad de los fines de libertad e igualdad inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho.

Este encargo constitucional del Estado presenta a su vez una vertebración específica en los nuevos medios de intervención del ciudadano en los asuntos públicos, a través de los grupos que se integra, que viene a complementar el cauce parlamentario.

De hecho, la importancia del significado que nuestra Constitución otorga a las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales en la participación institucional como instrumentos de gestión pública, manifestado en varios preceptos constitucionales, y de forma singular en su artículo 9.2 indica el deber de los poderes públicos a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social y cultural. Asimismo, y en igual sentido se pronuncia la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 1 50 suscrito por nuestro país.

El papel de reconocimiento que nuestra Constitución reconoce hacia los Agentes Socioeconómicos justifica, por la importancia que se deriva de la consagración de una fórmula esencialmente participativa, una particular posición jurídica de estos agentes en la gestión de asuntos públicos de naturaleza socioeconómica, como facultad adicional que les puede conceder el legislador.

Los cauces para que se haga efectiva la participación institucional de los Agentes Socioeconómicos, recogida en una amplia jurisprudencia constitucional, se deben establecer de acuerdo con criterios objetivos que sean razonables y adecuados al fin perseguido, y hagan posible concretar las organizaciones a las que en cada caso corresponda la participación, para lo cual, el criterio de mayor representatividad recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical resulta de obligada estimación.

En el ámbito de la Comunidad de Extremadura, la voluntad de sus Instituciones de cumplir con las prescripciones constitucionales en el plano de la participación colectiva de los ciudadanos queda resaltada en las numerosas normas autonómicas que incorporan, expresamente, formas de participación en relación con actividades de naturaleza socioeconómica.

Esta circunstancia aconseja regular los criterios conforme a los cuales se ha de verificar la participación de las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales con implantación en la Comunidad de Extremadura en las diferentes Entidades de la Administración Regional, recogiendo los ya expresados, así como las reglas de reparación económica de los gastos en que incurran a causa de las funciones que se deriven de dicha participación, atendiendo a los principios derivados de la adopción del criterio de mayor representatividad aplicable, dado que en esta Ley no quedan comprendidas las actividades propiamente sindicales o patronales distintas de la participación institucional.

Artículo 1. Objeto de esta Ley.

El objeto de esta Ley es la configuración del marco de participación de los agentes sociales más representativos en la Comunidad Autónoma, en Instituciones Públicas y órganos de participación y asesoramiento socioeconómicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Son Agentes Sociales, a los efectos de la presente Ley, las Organizaciones Sindicales y las Asociaciones Empresariales que ostenten el carácter de más representativas en los términos fijados en la legislación social general.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley será de aplicación respecto a los órganos de asesoramiento y participación socioeconómicos que la legislación vigente contemple en los distintos Organismos e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con las normas reguladoras de las mismas.

2. La participación de las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales más representativas en los órganos de administración de empresas públicas en las que tengan legalmente reconocida su presencia, se regirán por su legislación específica.

3. La presente Ley no será de aplicación a los órganos sectoriales de participación o negociación colectiva en el ámbito del empleo público, que se regirá por su legislación específica.

Artículo 3. Criterios de representación.

1. La determinación específica del número de representantes de los Agentes Sociales de carácter ¡ntersec-torial a los que sean de aplicación las prescripciones de la presente Ley, atenderá al criterio de paridad y mayor representatividad en el territorio de la Comunidad de Extremadura, en función de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

2. La designación de los representantes de los Agentes Sociales citadas en el apartado anterior se realizará de acuerdo con la propuesta de dichas organizaciones a través de sus órganos de dirección competentes.

3. Los representantes de los Agentes Sociales descritos en los apartados anteriores serán los interlocutores válidos en los procesos de concertación y planificación de actuaciones y políticas socioeconómicas objeto de esta Ley, que decida acometer la Junta de Extremadura.

Artículo 4. Contenido de la participación.

La Junta de Extremadura, bien a través de los órganos e instituciones de participación socioeconómicos ya contemplados en el ordenamiento jurídico autonómico, bien a través de mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica, hará efectiva la participación, sometiendo a consideración de los Agentes Sociales más representativos los siguientes instrumentos de planificación de la actuación política:

Planes de Desarrollo Regional.

Planes Generales de actuación sobre el Empleo.

Planes Generales de actuación sobre el Desarrollo Empresarial e Industrial.

Planes Generales de actuación social y sanitaria.

Planes Generales de Formación Profesional.

Cualquier otro instrumento de planificación socioeconómica que por su relevancia sea necesario someter a concertación social.