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Viernes 16 enero 2004

BOE núm. 14

885 LEY 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La solidaridad es un valor arraigado en la sociedad andaluza. Durante los últimos diez años, la Junta de Andalucía ha pretendido dar respuesta a una demanda generalizada de grupos, asociaciones y entidades sociales andaluzas de apoyo a pueblos desfavorecidos, con el objeto de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.

La política de cooperación internacional de la Junta de Andalucía es expresión de una plena convicción de la responsabilidad común respecto a la situación de pobreza y marginación que vive una gran parte de la población mundial. Es signo de una voluntad de contribuir, de forma cada vez más sistemática y organizada, al progreso y desarrollo humano de las poblaciones más necesitadas y a la mejora de sus condiciones de vida para conseguir la dignidad integral a la que todas las personas tienen derecho.

Andalucía tiene una experiencia propia de desarrollo y de cultura de diálogo que puede servir de referencia para el planteamiento de progreso que administraciones públicas y entidades sociales de determinados países pueden aplicar. Dicha experiencia constituye un valor añadido de la política internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía que debe contribuir a establecer los instrumentos necesarios para lograr un desarrollo sostenible en los países beneficiarios de la ayuda.

II

Desde mediados de la década de los ochenta, la Junta de Andalucía realiza una política de cooperación Ínter-

nacional para el desarrollo con diversos países y administraciones públicas. Concretamente en el año 1986, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía inició una larga andadura por la mejora de las condiciones de habitabilidad de familias y grupos sociales desfavorecidos mediante un programa de rehabilitación de viviendas en diferentes ciudades iberoamericanas.

En el año 1 988, se firmó el primer convenio de colaboración entre la entonces Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Instituto de Cooperación Iberoamericana de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Dicho convenio supuso un primer paso para coordinar las actividades de cooperación de la Administración de la Junta de Andalucía con la Administración General del Estado con el objetivo de conseguir una mayor eficacia de las intervenciones.

En 1 989, la Junta de Andalucía y la AECI suscribieron un convenio marco de colaboración en el que se definieron las áreas geográficas y los sectores prioritarios para la cooperación que ejecutaban directamente las Consejerías, organismos autónomos y empresas públicas de la Junta de Andalucía y se instrumentó una coordinación con la AECI que ha dado resultados muy satisfactorios.

Paralelamente y desde el año 1 990, la Junta de Andalucía, mediante la Consejería de la Presidencia, viene apoyando la ejecución de proyectos de desarrollo y de sensibilización por las organizaciones andaluzas no gubernamentales para el desarrollo. En los últimos años, el tejido asociativo andaluz centrado en la cooperación se ha consolidado, lo que ha permitido disponer de personas y equipos preparados para ejecutar proyectos de desarrollo en diversos países en desarrollo y emprender una sensibilización hacia la población andaluza para fomentar y promover la solidaridad.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha apoyado la implicación en la cooperación internacional para el desarrollo de las organizaciones sindicales, empresariales y de las universidades.

En el año 1997, y tras una vigencia de ocho años del anterior convenio, la Junta de Andalucía y la AECI actualizaron su marco de colaboración suscribiendo un nuevo convenio que se encuentra actualmente en vigor.

El compromiso cada vez mayor de los agentes sociales y económicos interesados en la cooperación para el desarrollo y de la propia Administración autonómica, acompañado de la experiencia acumulada y la sensibilización generada en la población andaluza sobre la necesaria y obligada solidaridad, motivan una demanda creciente de recursos para dicho fin. Fruto de ello es el Pacto Andaluz por la Solidaridad, firmado en noviembre de 1998 y que recoge los compromisos de dotar a la cooperación andaluza de un marco legislativo estable y de proceder a un incremento de las dotaciones presupuestarias.

La presente Ley se fundamenta en el Preámbulo de la Constitución Española, en el que la Nación Española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra, en la solidaridad del pueblo andaluz con otros pueblos, respetando los principios, los objetivos y las prioridades de la política española establecidos por la Ley 23/1 998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los principios de coherencia y complementariedad previstos en la normativa de aplicación de la Unión Europea.