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Martes 8 mayo 2007

BOE núm. 110

La sociedad cántabra constituida como una sociedad democrática, madura y sana no puede permanecer ajena a los problemas del conjunto de los seres humanos, y como tal asume su responsabilidad en la búsqueda de soluciones en la construcción de un mundo más justo y solidario. Los valores de paz, libertad, equidad, justicia y dignidad humana merecen ser difundidos y apoyados por medio de las iniciativas de cooperación para el desarrollo y solidaridad realizadas desde Cantabria.

Estas escandalosas diferencias en los niveles de desarrollo económico y social entre los países industrializados y empobrecidos vienen a reforzar la idea de abordar la lucha contra el subdesarrollo de manera decidida, ya que sus consecuencias son potencialmente catastróficas para el conjunto de la humanidad.

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Cantabria quiere reflejar en esta Ley su voluntad y compromiso de contribuir al desarrollo de los países empobrecidos, en la búsqueda de alcanzar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países desarrollados, en el marco de las Naciones Unidas, garantizando que cada año se destine un mínimo un 0,7% de los fondos propios de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para ayuda al desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas.

A la vez, se pretende impulsar el compromiso de la sociedad cántabra en la mejora de la calidad, la eficiencia y la transparencia en la cooperación para el desarrollo, en el convencimiento de que una política solidaria es el instrumento más eficaz de paz y democratización, tanto en los países receptores de ayuda, como en nuestras sociedades, que toman conciencia del verdadero origen de los problemas y profundizan en el análisis de los motivos que provocan las desigualdades, consiguiéndose así la promoción de un sistema de valores que permitan construir unas sociedades más justas, equilibradas y solidarias.

Es también necesario reconocer que, con el paso del tiempo, la estructura de la comunidad internacional se ha hecho más compleja y diversificada y, por ende, la lucha contra la pobreza ya no es ámbito exclusivo de los Estados sino que va incorporando la acción de las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales. El resultado de esta tendencia es una cooperación al desarrollo conformada por la experiencia y la potencialidad de una pluralidad de actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil.

La cooperación internacional para el desarrollo realizada en Cantabria tiene sus primeros referentes en el movimiento ciudadano y en la acción de las ONGD, que, desde muy pronto, comienzan su actividad en busca de una mayor equidad y justicia en el mundo, trascendiendo el ámbito local, conscientes de la responsabilidad de todos ante la situación de violencia, pobreza e injusticia en que vive la mayoría de la humanidad. En consecuencia el modelo de cooperación internacional para el desarrollo de que se dota la Comunidad Autónoma de Cantabria, recoge esta trayectoria histórica y, basándose en la experiencia adquirida y en consonancia con la presente realidad social, concibe la intervención pública en esta materia como algo fundamental e impulsora de las iniciativas sociales de los agentes de cooperación y, en especial, de las ONGD, junto con las cuales, se construirá una política de cooperación internacional para el desarrollo adaptada a nuestra realidad, en una dinámica de colaboración, cooperación y concertación entre las iniciativas sociales y la de las Administraciones Públicas en especial la que juegan las Administraciones Locales.

La cooperación internacional para el desarrollo formulada por la Comunidad Autónoma de Cantabria se enmarca dentro de la denominada cooperación descentralizada o, lo que es lo mismo, la realizada fundamentalmente por las comunidades autónomas y desde hace muchos años por los ayuntamientos españoles. Esta cooperación ha sufrido una extraordinaria evolución cuantitativa y cualitativa en

los últimos años, con una implicación cada vez mayor de las instituciones, en especial la de los municipios que junto con las comunidades autónomas, fruto del alto grado de autogobierno logrado, y de la creciente toma de conciencia de la ciudadanía, que mediante la acción de las ONGD han impulsado iniciativas cívicas en demanda de un mayor compromiso para erradicar la pobreza, contribuyendo al progreso económico y social de los países empobrecidos.

Esta cooperación descentralizada es seña de identidad y valor en alza de la cooperación española dentro del mundo de la cooperación internacional y, por su proximidad, ha sido calificada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como fuente de inspiración para otros donantes, canaliza los sentimientos de compromiso, solidaridad y justicia de la ciudadanía con las poblaciones de los países empobrecidos, en demanda de un mundo diferente y unas relaciones internacionales más justas.

Esta cooperación descentralizada presenta claras diferencias respecto a los sistemas bilaterales y multilaterales de los Estados, que la hacen poseer un valor añadido respecto a otras formas de cooperación. Entre estas diferencias positivas se pueden destacar:

La participación activa de todos los actores y agentes de desarrollo.

La búsqueda de una concertación y de una comple-mentariedad entre los diferentes actores.

La prioridad dada al refuerzo de las capacidades y al desarrollo institucional.

Una gestión descentralizada ágil y eficaz basada en el principio de subsidiariedad, próxima a la ciudadanía y capaz de lograr una mayor implicación y motivación de ésta, tanto del Norte como del Sur.

Menor condicionamiento internacional y sometimiento a las políticas comerciales y a los intereses económicos de los estados.

La política de cooperación internacional para el desarrollo realizada desde Cantabria toma como referente los dos documentos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y la Declaración presentada en Ginebra en junio de 2000 en la Cumbre Copenhague + 5, que conformaron lo que se ha venido a denominar la Estrategia de Asociación para el Desarrollo, que define los grandes objetivos a cumplir por todos los países en relación con el desarrollo, así como los métodos y los instrumentos para alcanzarlos. Una de las principales novedades de este enfoque, consiste en que los objetivos de ayuda al desarrollo se fijan en función de resultados a obtener en los países receptores antes del año 2015, para lo cual se identifica una serie de indicadores clave, que permiten valorar y medir los resultados alcanzados. Estos objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, son los que han conformado la Agenda de Desarrollo del Milenio, una oportunidad de crear un consenso internacional sobre cómo reducir la pobreza en el mundo en una especie de «agenda social mundial», que trate de contrarrestar los efectos nocivos de la glpbalización y donde tanto las instituciones públicas y privadas, así como los ciudadanos, que creen en el progreso, no deben dejar de apoyar. Estos ocho objetivos, con su horizonte temporal del 2015 como referente, proponen resultados concretos a alcanzar como reducir a la mitad del número de personas con ingresos menores a un dólar diario y a la mitad a las personas que padecen hambre; conseguir también la educación primaria universal y reducir en dos tercios la mortalidad materna e infantil entre otros.