8907 LEY 1/2008, de 17 de abril, de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, que regula el ámbito de actuación y las funciones propias de los detectives privados y privadas, respecto a la titulación y requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional de detective privado, exige la habilitación previa del Ministerio de Interior, con carácter de autorización administrativa. A través del Reglamento de seguridad privada, aprobado por el Real decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (modificado parcialmente por el Real decreto 1123/2001, de 19 de octubre), que desarrolla dicha ley, se establece el título de graduado universitario en detective privado, como diploma.

Por su parte, la Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior desarrolla el citado reglamento y establece que, a efectos de habilitación oficial para el ejercicio de la profesión de detective privado, el diploma a que se refiere el artículo 54.5.b) del Reglamento de seguridad privada habrá de corresponderse con la formación contenida en el apartado quinto de dicha orden.

En cumplimiento de la citada orden, la Resolución de 19 de enero de 1996 de la Secretaría de Estado de Interior determina aspectos del personal de seguridad privada.

La creación del Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia fue solicitada por la Asociación Gallega de Detectives Privados, teniendo como fines esenciales la ordenación del ejercicio de la profesión dentro del marco legal respectivo, su representación y la defensa y promoción de los intereses profesionales de las personas colegiadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 da Constitución española, la Ley orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, transfiere, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, complementando de este modo el ámbito competencial determinado en el artículo 27.29 del Estatuto de autonomía de Galicia.

La transferencia en materia de colegios oficiales o profesionales se hizo efectiva a través del Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, y fue asumida por el Decreto 337/1996, de 13 de septiembre, de la Xunta de Galicia.

La Comunidad Autónoma de Galicia dictó, en virtud de dicha competencia, la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. De acuerdo con su artículo 11 la creación de colegios profesionales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, será por ley del Parlamento gallego.

La actividad profesional de detective privado se caracteriza por la importancia creciente de la profesión así como por su especial relevancia pública, necesitada de una protección del interés general, pues es una actividad encaminada al servicio de la ciudadanía que, además, se califica por la Ley 23/1992, como de colaboración con la seguridad pública.

Existe así un interés público en tanto la actividad de los detectives privados y privadas, dentro de la seguridad

privada, redunda en el interés social de la ciudadanía al desarrollar una labor que responde a la necesidad de obtención de información de la sociedad actual e incide en los derechos fundamentales.

Con la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia se garantizará que el ejercicio de la profesión esté ajustado a las normas y reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, quedando por tanto así garantizada la última finalidad, que es la protección de los derechos e intereses de la ciudadanía.

En conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.1 de la Ley 6/1995, de 28 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social de Galicia, el expediente de creación del Colegio Oficial de Detectives Privados y Privadas de Galicia se sometió al preceptivo informe de este órgano consultivo.

Por todo lo expuesto, se considera oportuna y necesaria la creación de este colegio profesional, previa apreciación por parte del Gobierno autonómico del interés público, respecto a la actividad profesional de los detectives privados y detectives privadas en la Comunidad Autónoma gallega, en la que su ejercicio está condicionado a la posesión del correspondiente título, el cual acredita la cualificación y habilita legalmente para su ejercicio.

La ley se divide en una exposición de motivos, cinco artículos titulados respectivamente: objeto, ámbito territorial y ámbito personal, obligatoriedad de la colegiación y del uso del gallego en las comunicaciones, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2.° del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados y Privados de Galicia.

Artículo 1. Objeto.

Se crea el Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia como corporación de derecho público. Con la constitución de sus órganos de gobierno, el colegio adquirirá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El colegio profesional desarrollará su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículos. Ámbito personal.

Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia aquellas personas que estén en posesión de la correspondiente habilitación del ministerio competente en materia de interior, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley de seguridad privada y en los artículos 52.3 y 54.5 del Real decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (modificado parcialmente por el Real decreto 1123/2001, de 19 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada, desarrollado por la Orden de 7 de julio de 1995 del Ministerio de Justicia e Interior.

Artículo 4. Obligatoriedad de la colegiación.